Comisiones del Senado aprobaron en lo general y por unanimidad, el dictamen que expide la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se deriva de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, acordaron llevar las más de 60 reservas y votos en lo particular al pleno del Senado, que sesionará el próximo lunes.
La reforma establecerá un nuevo marco legal en materia de protección a los menores, en temas como bullying, maltrato familiar, niños migrantes y exposición en medios de comunicación.
Asimismo, el fortalecimiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la creación de procuradurías en los estados para garantizar los derechos de los infantes.
El dictamen avalado incluye sanciones a funcionarios que no velen por los derechos de los menores y a medios de comunicación que utilicen, sin autorización, su imagen e identidad.
Se establecen sanciones que van de mil 500 a 30 mil días de salario mínimo a servidores públicos federales que propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio en contra de los menores.
Además, se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación.
Ello cuando no exista autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. En estos casos se prevén diferentes sanciones económicas a los medios que exhiban a menores sin el consentimiento debido.
La nueva ley incluye la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, instancia que establecerá políticas públicas y procedimientos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con todos los niveles de gobierno.
Dentro de la estructura del DIF también se contará con una Procuraduría de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se faculta además a las autoridades federales a bloquear las cuentas electrónicas que sean utilizadas para generar violencia en contra de menores de edad y estipula que los medios de comunicación escritos y electrónicos serán corresponsables de proteger los derechos de la niñez.
Se dispone que el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral acordará “los lineamientos sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes”, que deberán respetar los medios de comunicación.
“Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, programas de radio y televisión en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como videos, videojuegos y los impresos”, añade el dictamen.
De conformidad con lo establecido en la ley, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de este sector.
A ello se suman prohibiciones y sanciones a los concesionarios que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.
Los editores y concesionarios que realicen entrevistas a menores de edad sin el consentimiento obligado serán sujetos a multas de hasta dos millones de pesos y hasta 471 mil pesos por cada día que publiquen esa información.
En caso de reincidencia, las multas se elevarán al doble, es decir, hasta cuatro millones de pesos.
El dictamen, que fue enriquecido por propuestas de senadores de todos los partidos, otorga atribuciones a las nuevas Procuradurías de Protección y Restitución de Derechos a ser las defensoras de los niños que se vean afectados por la violación a su derecho a la intimidad.
Finalmente, se contemplan también multas por 200 mil pesos a los maestros y funcionarios escolares, culturales y deportivos que sean omisos ante el bullying.
Notimex